El Defensor General de la Provincia de Salta, Dr. Martín Diez Villa, participó en el acto de apertura del IV Encuentro Nacional y III Iberoamericano “Ambiente, Ciencia y Justicia”, que se desarrolló en la Sala Rodolfo J. Urtubey de Ciudad Judicial.
El evento fue organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET, junto a JUFEJUS, REFLEJAR y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, con el apoyo de diversas instituciones provinciales y reunió a referentes del ámbito judicial, científico y académico de todo el país, junto a destacados expositores internacionales.
Durante el acto de apertura, el Dr. Diez Villa compartió mesa con el Dr. Fabián Vittar (Corte de Justicia de Salta – Vicepresidente de Ju.Fe.Jus), el Dr. Raúl Becchio (Director de CONICET Salta-Jujuy), la Dra. María del Carmen Battaini (ReFlejar), el Dr. Ricardo Toranzos (Presidente de AFFUN), el Dr. Jorge Canteros (Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina) y el Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.
El encuentro, bajo el lema “Procedimiento pericial ambiental y seguridad jurídica”, tuvo como objetivo fortalecer el trabajo articulado entre la justicia y la ciencia en la resolución de conflictos ambientales, promover la aplicación de estándares técnicos en la producción de pruebas periciales y garantizar la validez jurídica de la evidencia científica en procesos judiciales.
Además del acto inaugural, las dos jornadas incluyeron presentaciones plenarias, paneles de debate y talleres prácticos con especialistas del CONICET, universidades y organismos judiciales de distintas provincias. Entre los ejes destacados se abordaron las buenas prácticas para el peritaje ambiental, la validez de la prueba científica, el uso del lenguaje claro en el ámbito judicial y los nuevos estándares de protección ambiental.
La participación del Dr. Diez Villa marca el compromiso del Ministerio Público de Salta con la promoción de la seguridad jurídica ambiental y la cooperación interinstitucional entre los poderes judiciales, los organismos científicos y los actores sociales involucrados en la protección del ambiente.