El Defensor General, Pedro García Castiella y el Procurador General, Abel Cornejo reeligieron a la Asesora General, Mirta Lapad en el cargo de Presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público. Por su parte García Castiella será el vicepresidente. El Colegio acordó el trabajo sobre temas en común y Cornejo propuso que a partir de la próxima renovación de autoridades, la presidencia sea rotativa.

El Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que integra el sistema de administración de Justicia. Lo integran el Ministerio Público de la Defensa, que tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes, el Ministerio Público Fiscal, que ejerce la acción penal pública y acciona en defensa de la legalidad, intereses generales, difusos y medio ambiente; y el Ministerio Público Tutelar, que vela por los derechos y bienes de los menores e incapaces de hecho. Al Ministerio Público lo dirige el Colegio de Gobierno, que elige entre sus integrantes a una o un presidente, que dura dos años en sus funciones.

En ese marco, se propuso que Lapad sea reelegida en la función por el próximo período de dos años, y que a partir del próximo cambio de autoridades, previsto para 2022, la designación se realice en forma rotativa. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Colegio de Gobierno designará de entre sus miembros a una o un Presidente, que durará dos años en sus funciones y podrá ser reelecto para sucesivos períodos.

En otro tramo de la reunión del Colegio, sus integrantes acordaron el trabajo conjunto en distintas temáticas y especialmente en la creación del Defensor Público de las Víctimas, que se desempeñaría en la órbita del Ministerio Público de la Defensa. Su objetivo sería el de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En ese sentido, la presidenta del Colegio de Gobierno, Mirta Lapad, también destacó la necesidad de que las futuras normativas y legislación que impliquen al servicio de justicia y el Ministerio Público, cuenten con el aporte técnico y opinión de las autoridades del Colegio, antes del tratamiento y aprobación por parte de la Legislatura provincial. Consideró que la convocatoria de las comisiones al análisis previo, mejorará la legislación y consecuentemente, el acceso y administración de justicia y servicio a la ciudadanía.