La Defensoría General aprobó mediante la Resolución Nº 1874, la creación del Cuerpo Interdisciplinario de Asistencia a la Defensa Pública (C.I.A.D.P.), una estructura destinada a brindar apoyo técnico-científico especializado a los defensores oficiales penales en el marco del Plan Piloto de Oralidad y de la inminente reforma procesal.
La medida, firmada por el Defensor General Dr. Martín Diez Villa y la Secretaria de Actuación Dra. María José Otamendi, responde, según el texto de la resolución, a la necesidad de “garantizar la igualdad de armas” entre las partes dentro del proceso penal y a acompañar el tránsito hacia un sistema acusatorio basado en la oralidad, cuya implementación ya se viene desarrollando de forma piloto en la provincia.
El cuerpo creado dependerá y funcionará bajo la órbita directa de la Defensoría General y tiene como propósito principal asistir a los Defensores Oficiales Penales de manera científica e interdisciplinaria en las tareas de investigación, en la elaboración de la teoría del caso y en la generación de elementos probatorios para su uso en el proceso penal.
La Resolución subraya dos ejes fundamentales: primero, la proximidad de una reforma del Código Procesal Penal provincial que institucionalizará la oralidad como regla de procedimiento; segundo, la constatación de que las facultades actuales de la defensa para recabar información y pruebas son limitadas frente a estructuras acusatorias con mayores recursos.
En ese marco, la creación del C.I.A.D.P. busca equilibrar esas asimetrías mediante la incorporación de profesionales y técnicos de “diversas ciencias y áreas de estudio” que trabajen coordinadamente con los defensores en la investigación y en la construcción de la teoría del caso.
Para la Defensoría, el C.I.A.D.P. representa una herramienta institucional para afrontar el cambio de paradigma procesal y asegurar que los derechos de las personas imputadas sean efectivamente defendidos en un sistema más oral y dinámico.
Los beneficios planteados incluyen una mayor capacidad técnica, mejor preparación de la teoría del caso por parte de la defensa y, en definitiva, una mayor igualdad procesal frente al Ministerio Público Fiscal.