El Defensor Oficial Penal de Menores N° 3 del Distrito Judicial Centro, Dr. Adolfo Sánchez Alegre, fue elegido para desempeñarse como Vicepresidente 1° de la Asociación Civil de Magistrados/as, Funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina .
La Asamblea desarrollada durante la jornada de ayer tuvo por objetivo renovar las autoridades de la Comisión Directiva para el período 2.020 – 2022 resultando reelegida en la presidencia María Lorena González Castro Freijoó, de CABA; la vicepresidencia primera en Adolfo Sanchez Alegre, de Salta; la vicepresidencia segunda en Diego Stringa, Curador Nacional de CABA y la vicepresidencia tercera en Facundo Barrio Martín, de Río Negro.
Sánchez Alegre, quien venía desempeñándose como vocal durante el último período sostuvo que “Es de suma importancia que la provincia de Salta tenga un representante dentro de la comisión nacional para darle mayor importancia y jerarquizar el derecho a defensa”.
Por su parte desde la Institución se informó que la nueva Comisión Directiva continuará trabajando constantemente en el fomento de la cooperación y el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas y conocimientos técnicos entre los integrantes de las Defensorías, propendiendo a la capacitación y fortalecimiento de los roles y actividad funcional de los Defensores.
Completan el cuadro de cargos:
Secretaria: Eugenia Ballesteros (Córdoba)
Tesorero: Germán Bauché (Provincia de Buenos Aires)
Vocal: Claudia Ibañez (San Luis)
Vocal: Marianela Di Ponte (Santa Fe)
Vocal: Carolina Sánchez (Mendoza)
Vocal: Miguel Angel Varela (Misiones)
Vocal suplente: Fernando Lodeiro Martínez (CABA)
Vocal Suplente: Marcela Pesce (Chaco)
Comisión Revisora de Cuentas
Walter Vaccaro (La Pampa)
Lucrecia Sanmartino (Provincia de Buenos Aires)
Suplemente: Marisel Talarico (Neuquén)
Sobre ADePRA
Es una organización que nuclea a los Defensores Públicos Oficiales Federales y Provinciales de todo el país, y demás funcionarios que coadyuvan a la prestación de un servicio de apoyo al ejercicio de los derechos de sectores de la comunidad en condiciones de vulnerabilidad, defendiendo la plena vigencia de los Derechos Humanos y de las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y los Tratados incorporados al texto constitucional; por las Constituciones Provinciales y las Leyes Nacionales y Provinciales vigentes.
