El Ministerio Público de la Defensa afectó a una dotación mínima de magistrados y funcionarios para prestar servicios, con asistencia a su lugar de trabajo, para la atención de los casos urgentes. El resto de sus integrantes continúa trabajando de forma remota desde sus hogares efectuando, en la medida de lo posible, las presentaciones on-line por las vías habilitadas y atendiendo personalmente a los presos sin trasladarse.En el marco de protección, prevención y salubridad imperante, la Corte de Justicia de Salta dictó la Acordada 13.096/20 donde se extreman las medidas de aislamiento y se comisiona a la Secretaría de Superintendencia de la Corte para que se restrinja el ingreso de personas al Edificio de la Ciudad Judicial e implemente progresivamente la atención virtual. Ante ello, el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, consciente de las necesidades sanitarias, procuró que todo el personal y los funcionarios respeten el aislamiento y continúen, en la medida de lo posible, trabajando desde sus domicilios; con el objetivo de lograr el mayor nivel de acceso a la justicia en el actual marco de emergencia sanitaria. Todo ello con la mira puesta en reducir al mínimo posible las inevitables demoras que el aislamiento producirá en los trámites judiciales.En efecto, se continúan haciendo las presentaciones judiciales indispensables en los casos urgentes. Para ello se efectuaron modificaciones y adaptaciones técnicas a fin de que los agentes puedan acceder al sistema informático del Ministerio Público desde sus hogares y puedan también presentar los escritos en forma virtual en aquellos casos donde se encuentren dadas las condiciones dispuestas por la Acordada 13095/2020, que dispone la prórroga de la Feria Judicial.A esa labor, se suma la constante comunicación con personas privadas de la libertad mediante la modalidad de videoconferencias, tanto desde la Ciudad Judicial como desde los domicilios de los funcionarios.Mediante la implementación de videoconferencias, los Defensores Oficiales Penales lograron establecer un sistema de atención más ágil que sirve para atender las demandas de los privados de libertad en relación a sus derechos vigentes, evacuar dudas y mantenerlos informados sobre el avance de sus procesos.Para que una persona privada de su libertad pueda acceder a la comunicación por videoconferencia sólo basta con que solicite al Servicio Penitenciario una audiencia con su Defensor Oficial. Luego se coordina entre la Defensoría General y las autoridades penitenciarias un día y un horario para la comunicación. Llegado el momento, la audiencia se concreta sin que ninguno de los dos interlocutores tenga que trasladarse y de esta forma se garantizan los derechos de las personas privadas de su libertad respetando las normas de prevención. En esa audiencia se garantiza la discreción y seguridad del diálogo permitiendo el contacto directo y visual.