El Defensor General de la Provincia de Salta, Dr. Martín Diez Villa, encabezó este lunes una reunión clave con los Defensores Oficiales Penales del Distrito Judicial del Centro, en la que se analizaron en profundidad los desafíos que plantea la inminente puesta en marcha de la reforma procesal penal adversarial, recientemente aprobada por la Legislatura provincial.
Durante el encuentro, los defensores manifestaron su preocupación por la capacidad operativa actual de las Defensorías para afrontar las exigencias del nuevo modelo de justicia penal. Entre los puntos más críticos expuestos se encuentran la insuficiencia de recursos humanos, la sobrecarga estructural de trabajo y la imposibilidad material de concurrir a la multiplicidad de audiencias que demandará el sistema adversarial, caracterizado por la oralidad plena y una dinámica procesal más intensa y continua.
El Dr. Diez Villa fue enfático al subrayar que la Defensa Pública no puede quedar relegada ni debilitada en el proceso de implementación de la reforma.
En ese sentido, advirtió que resulta “imprescindible e inaplazable” la habilitación presupuestaria ya solicitada para cubrir los cargos profesionales previstos en la nueva normativa. Señaló que, sin esa asignación de recursos, será materialmente imposible garantizar presencia en todas las audiencias que exige el nuevo esquema procedimental. Además, destacó que se continúan realizando gestiones institucionales para asegurar los fondos y reforzar las estructuras necesarias.
Otro eje central de la reunión fue el estado de avance del Cuerpo Interdisciplinario de Asistencia a la Defensa Pública (CIADP), un organismo concebido para brindar apoyo técnico y profesional a los defensores en la preparación y seguimiento de los casos. Los Defensores Oficiales coincidieron en que el CIADP es indispensable para asegurar una defensa adecuada y eficaz en el marco del nuevo sistema, especialmente ante la mayor complejidad técnica y la exigencia de inmediatez que caracterizan al modelo adversarial.
La reforma procesal penal que pronto entrará en vigencia implica una transformación profunda en la estructura judicial provincial. Estos cambios requieren no solo adecuaciones normativas, sino también una inversión sustancial en recursos humanos, tecnológicos y materiales dentro de las instituciones que garantizan el acceso a la justicia, entre ellas la Defensa Pública.
Desde la Defensoría General se reiteró el compromiso de acompañar la implementación de la reforma, pero también la necesidad de que este proceso se lleve adelante de manera equilibrada, asegurando las condiciones mínimas para que las personas asistidas por la Defensa Pública reciban un servicio adecuado, eficaz y ajustado a estándares constitucionales.