La actuación de la Defensa Pública, surge luego de una primer intervención de la Fundación Red P.A.P.I.S y la Abogada del Niño Dra. Lorena Daza, y en el marco del Convenio recientemente suscripto entre la representante de la ONG, Lic. Lucrecia Miller y la Defensoría General de la Provincia.
Recientemente, desde la Sala Nº II de la Cámara de Apelaciones Civil de Familia de la Provincia de Tucumán, una Jueza miembro de dicho Tribunal, -y actuando en carácter unipersonal- ordenó el envío a esta ciudad de una comisión policial para el traslado con la fuerza pública de los dos niños y su madre, desde su domicilio en esta ciudad de Salta, obligándolos a asistir a una audiencia prevista para el próximo martes 4 de mayo en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Todo ello en el marco de actuaciones promovidas en aquella provincia por parte de la abuela paterna, en las que solicita el restablecimiento de régimen comunicacional, y en contra de quien precisamente se encuentra vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia los niños dictada por la Jueza de la Provincia de Salta, de Violencia Familiar y de Género Primera Nominación Dra. Noemí Valdez, prohibiendo el contacto con los niños, tanto en contra del padre denunciado por abuso sexual, como así también de la abuela, precisamente esta última – peticionante de la audiencia-.
Dicha orden judicial emanada de una Jueza de nuestra provincia, se encuentra firme, y a pesar de encontrarse vigente y debidamente comunicada al tribunal de la Provincia de Tucumán, igualmente se pretende insistir en la realización de dicha audiencia y el traslado de los niños con la comisión policial tucumana.
A su vez, la causa penal en la que se investiga la denuncia por abuso del padre en perjuicio de los niños que se tramita en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se encuentra ya con requerimiento de elevación a juicio, efectuado en fecha 25 de Junio de 2019, por parte de la Fiscal Subrogante de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de 2ª Nominación de la Provincia de Tucumán, Dra. Maria Fernanda Bahler.
Todo se originó inicialmente en la Provincia de Tucumán, en el año 2016, cuando la madre de los niños, denuncia al padre por abuso sexual con el agravante del vínculo y la continuidad en el tiempo. Como consecuencia de ello, la madre y los dos niños, que para esa fecha contaban con 10 y 6 años respectivamente, se trasladan a residir en esta ciudad de Salta. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción de Tucumán, dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento contra el padre, tanto en protección de los niños, como también evitar cualquier interferencia en la investigación de los hechos.
En esta ciudad de Salta, y radicada aquí la madre junto a sus hijos, inicia actuaciones judiciales por alimentos y cuidado personal; también debió recurrir a interponer una denuncia por violencia familiar, tanto en contra de su ex esposo, como asi también la madre de este último, y abuela de los menores; por cuanto, según se denunciara en su oportunidad, se facilitaba evadir la prohibición de comunicación de los niños con el padre denunciado por abuso.
La abuela paterna inició en los tribunales de Tucumán una acción de régimen de comunicación, ante lo que la magistrada de primera instancia determinó que la competencia judicial territorial de la causa corresponde a la justicia de Salta -por resultar éste el centro de residencia de los niños.- Tal decisión fue apelada y así llegó a la Cámara de Apelaciones de aquella provincia; en dichas actuaciones se encuentran incorporadas las medidas de prohibición de acercamiento para con los niños dictadas por el juzgado de Violencia Familiar y de Género de la provincia de Salta. De tal modo, figuran dos resoluciones respecto a la prohibición de acercamiento y posterior ampliación, teniendo en cuenta para ello las antecedentes penales y sumariales de Tucumán.
Encontrándose asegurada de este modo la vigencia y continuidad de la medida protectoria dictada en el año 2018 y que prohíbe el acercamiento a los niños, tanto de la abuela como asi también del padre denunciado, el último trámite solicitado desde la Defensoría a la jueza salteña Dra. Valdez, ha sido el establecimiento de una consigna policial destinada a asegurar el cumplimiento de la medida cautelar en esta provincia a fines de que se haga cumplir y respetar la orden judicial provincial.
Actualmente, se encuentra pendiente de dictarse resolución por parte de la Sala IV de la Cámara Civil de Apelaciones de esta Provincia de Salta, en el proceso judicial que debe dirimir finalmente el lugar de residencia habitual, el que definirá cual es la jurisdicción con competencia territorial para la continuidad de los procesos judiciales. En el mismo se cuenta ya con un dictamen favorable respecto de la jurisdicción de la Provincia de Salta, por parte de la Asesoría de Incapaces N° 6 a cargo de la Dra. Silvia Marcela Ibarguren.
No obstante tratarse de una disputa de jurisdicciones y resoluciones judiciales ordenadas por jueces de diferentes provincias, lo que se pretende priorizar es el interés superior de los niños, y evitar la reedición y continuidad de un tortuoso proceso de constante revictimización de los mismos; el que se ve singularmente agravado en estas circunstancias, no solo por la agresiva modalidad – ante la percepción de los niños- bajo las que se pretende ejecutar la medida y el desconocimiento a la resolución cautelar dictada en esta Provincia de Salta, sino también por el contexto pandémico y la situación imperante en la Provincia de Tucumán, categorizada como de riesgo epidemiológico grave.
Episodios como estos, – de ordenarse el traslado de los niños con la intervención de la Policía de Tucumán ingresando a esta Provincia de Salta-, ya ocurrieron anteriormente en el año 2019, ocasión en la que una comisión policial trasladó a la madre y los niños 48 horas antes de la audiencia.
La situación actual depende del pronunciamiento final por parte de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta Provincia de Salta, la que deberá determinar la jurisdicción territorial y con ello, si es la justicia salteña o la tucumana la que continúe interviniendo. Si este tribunal local dispone finalmente la jurisdicción territorial de la Provincia de Salta y la justicia tucumana insistiera en pretenderla, la cuestión deberá ser dirimida en definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
