Durante los días 3, 4, y 5 de este mes de marzo, se trasladó hacia la ciudad de Tartagal una comisión de profesionales de la Defensoría General de la Provincia designada a los fines de realizar una inspección en ámbitos de la Defensoría Oficial Civil Nº 1, que se encontrara desde el año 2018 a cargo de la suspendida Defensora Civil Dra. Rosa Diaz, habiéndose detectado inadmisibles condiciones de desatención y abandono de un número extremadamente desmesurado de asuntos judiciales confiados por personas carentes y en condiciones severas de vulnerabilidad, que habrían merecido -en la mayoría de los casos – acciones inmediatas y urgentes que fueron omitidas de brindar; lo que obligará al urgente diseño y puesta en marcha de una planificación tendiente a normalizar la asistencia de la que se vieron privados aquellos asistidos durante al menos los cuatro últimos años, independientemente de las medidas sancionatorias que serán requeridas una vez concluidos y precisados los informes en proceso de elaboración.
En similar sentido, y también en la Ciudad de Tartagal, el pasado viernes 5 de Marzo, por disposición del Juzgado de Garantías interviniente y a instancias del Fiscal Penal Nº 1 Dr. Gonzalo Vega, se procedió a efectivizar un allanamiento en dicha Defensoría Oficial, vinculado con otra causa penal iniciada a partir de una remisión de actuaciones al Procurador General instada por el Defensor General de la Provincia, y cuya denuncia fuera recientemente ratificada por una asistida residente en la localidad de Gral. Enrique Mosconi.
“Nada ni nadie va a detener ni entorpecer el proceso de cambios y transformaciones indispensables para hacer realidad una Defensa Publica efectiva, objetivos comprometidos desde el inicio de esta nueva gestión” sostuvo García Castiella a su regreso del norte provincial, al tiempo que afirmó que “Sin perjuicio de reconocer las limitaciones estructurales e históricas de la Defensa publica, como también el esfuerzo y dedicación que día a día aportan la mayoría de defensores, funcionarios y empleados de toda la provincia, resulta indispensable rediseñar los dispositivos de control para dinamizar y corregir los procesos con la finalidad de mejorar el acompañamiento en el acceso a la Justicia, dispositivos que debieran haber sido implementados muchos años atras. No habrá tolerancia para el abandono o trato displicente de ninguna persona que acuda a la asistencia de las Defensorías Oficiales, pues ello desmerece el compromiso y los mandatos constitucionales que dan sentido a la misma existencia de la Defensa Pública”.
CENTRO DE MEDIACION:
En otro orden, y en cumplimiento a lo solicitado por García Castiella, mediante Resolución de Defensoría General N° 1.231, de fecha 17 de Febrero de 2021, durante el día de ayer, 9 de marzo de 2021, el nuevo Coordinador del Centro Público de Mediación del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Pablo Funes realizó en conjunto con funcionarios provinciales de la Dirección General de Mediación, Conciliación y Arbitraje, (autoridad de aplicación de la ley de mediación Nº 7.324), una auditoría interna a los fines de efectuar control de expedientes y documentación, valoración del actual estado y funcionamiento del centro público de mediación, como así también evaluar posibles correcciones y mejoras en los procesos a fines de lograr mayores índices de eficiencia en el servicio brindado a las personas que acuden a la Defensa Publica en búsqueda de soluciones a sus conflictos.
Participaron de la misma, la Sra. Directora General de Mediación, Conciliación y Arbitraje, Dra. Victoria Fossati, y la Sra. Encargada de las áreas de mediación privada, pública y comunitaria, Dra. Adriana Oviedo.
