Se trata del Defensor Oficial Penal de Menores N° 3, Adolfo Sánchez Alegre, quien fue elegido para desempeñarse como vocal entre quienes liderarán la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina.
La Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la República Argentina (ADePRA) eligió a las autoridades que integrarán su Comisión Directiva para el período 2.018 – 2.020.
Tras la conformación de la misma, se destacó que –por primera vez- se logró conformar una Comisión con 15 representantes de 15 provincias distintas, de modo tal de potenciar el federalismo que caracteriza a la Asociación e incrementar la participación de sus miembros.
Para este nuevo período, la presidencia recaerá sobre María Lorena González Castro Freijóo, de CABA; la vicepresidencia primera en Claudia Ibáñez, de San Luis; la vicepresidencia segunda en Vanesa Zachman, de Chaco y la vicepresidencia tercera en Facundo Barrios, de Río Negro.
El salteño, Adolfo Sánchez Alegre, se desempeñará como vocal hasta 2.020 junto a otros defensores oficiales de Chubut, Curador Nacional, Jujuy, Corrientes y Santa Fe.
Completan el cuadro de cargos, funcionarios de la Defensa Pública Argentina residentes en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Misiones y Mendoza.
“Para el Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Salta, presidido por María Inés Diez, “es muy gratificante que un magistrado tan altamente capacitado como el Dr. Sánchez Alegre integre la Comisión Directiva de la Asociación”.
ADePRA es una organización civil integrada por defensores públicos oficiales y demás funcionarios que coadyuvan a la prestación de un servicio de apoyo al ejercicio de los derechos de sectores de la comunidad en condiciones de vulnerabilidad, que capacita a sus miembros para un mejor desempeño profesional e institucional y gravita en la comunidad, como factor de cohesión social.
Entre sus misiones, esta Asociación defiende la plena vigencia de los Derechos Humanos y de las garantías reconocidas por los Acuerdos, Tratados e Instrumentos Internacionales, así como por las Constituciones y las Leyes internas vigentes; exige, difunde y promueve el servicio de la Defensa Pública como un derecho constitucional de los habitantes del país, como un deber y obligación indelegables impuestos por el Estado por mandato constitucional y legislación supranacional y como derecho inherente e interdependiente del Acceso a Justicia; y fomenta y promueve la formación, capacitación y perfeccionamiento profesional de los Defensores Públicos a fin de fortalecer su función como garantes del Acceso a justicia de los sectores más vulnerables.
