La Corte de Justicia de Salta, mediante el dictado de dicha Acordada en el día de la fecha, dispuso adoptar igual criterio al ya asumido con anterioridad por parte de la Defensoría General de la Provincia (Resolución 1.333/21 de Def. Gral), mediante la aplicación de un mecanismo de sorteo ordenado a Mesa Distribuidora de Expedientes del Poder Judicial, que excluye al Juzgado de Primera Instancia de Personas y Familia de 2ª Nominación en el sorteo de aquellos procesos que sean iniciados con la representación de la Defensora Oficial Civil N° 4, (Dra. Natalia Buira) acompañado de un sistema de compensación que mantenga el equilibrio con los restantes juzgados de personas y familia del fuero.
En lo referido a las causas ya iniciadas, dispone su redistribución entre los restantes Juzgados de Personas y Familia del fuero, con idéntico sistema de compensación antes referido.
Desde la Defensoría General de la Provincia, dicha disposición es recibida con sumo beneplácito, ya que la misma converge y complementa con el criterio ya establecido por parte de la Defensoría, construyéndose -mediante esta solución concurrente de los dos ámbitos distintos del servicio de justicia y comprendidos en la Resolución de la Sala II de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Apelaciones- una respuesta institucional adecuada y acorde a la gravedad de la controversia suscitada en torno a la radicación definitiva de un numero significativo de trámites judiciales que se encontraban comprometidos en el conflicto.
Pero lo mas auspicioso de lo dispuesto, a criterio de esta Defensoría General, es que a partir de dicha disposición se logra así la completividad y convergencia en la adopción de las medidas conducentes y necesarias para compatibilizar la efectivización de la medida de protección ordenada de prohibición de acercamiento ya dispuesta a favor de la Dra. Natalia Buira respecto del Dr. Victor Raul Soria, (mas el aseguramiento de sus derechos perseguidos en las actuaciones judiciales VIF, como así también evitar la revictimización que habría implicado apartarla de las causas que la misma tramita y conforme lo solicitara) con la continuidad y regularidad del servicio de administración de justicia en los trámites judiciales comprometidos, lo que constituye una respuesta de tranquilidad y previsibilidad para las personas asistidas por la Defensa Publica involucradas en el conflicto, como así también un reaseguro a la indemnidad de la defensa judicial de sus derechos en pugna, siendo esto último otro aspecto no menor del conflicto y respecto del cual la Defensoría General siempre bregó e insistió en cada una de las instancias en que fuera requerida, evitandose también el trastorno y revictimización que habría significado un cambio de defensor en pleno proceso para cada una de esta numerosa cantidad de personas asistidas por la defensa pública, de modestos recursos y/o en condiciones de vulnerabilidad.
En los considerandos de la acordada, se consigna expresamente “Que a fin de complementar las medidas adoptadas por la Defensoría General, contemplar la solicitud efectuada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y garantizar la debida prestación del servicio de justicia, corresponde disponer que la Oficina Distribuidora de Expedientes de los fueros Civil y Comercial y de Familia del Distrito Judicial del Centro excluya al juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 2ª Nominación, de los sorteos que efectue para la asignación de juzagdo en las causas de competencia de dicho fuero que sean iniciadas con la representación dela señora Defensora Oficial Civil N° 4, debiéndose tener presente tal circunstancia a fin de efectuar las compensaciones pertinentes en la asignación de expedientes.”
Dicha acordada lleva la firma del Sr. Presidente de la Corte de Justicia Dr. Guillermo Catalano, y los Jueces y juezas de Corte Dr. Fabian Vittar, Adriana Rodriguez Faraldom Dr. Pablo Lopez Viñal, Dra. Maria Alejandra Gauffin y Dra. Sandra Bonari