El Defensor General, Dr. Martín Diez Villa, firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

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El Sr. Defensor General de la Provincia, Dr. Martín Diez Villa, firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por la Directora del Centro de Asistencia a las Victimas de Delitos (CENAVID), Dra. María Azul Romero Beery.

La firma del Convenio se efectuó en la Sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el, las partes acordaron colaborar y trabajar articuladamente, optimizando los recursos disponibles, para generar mecanismos ágiles y eficaces de intervención y acompañamiento de personas víctimas de delito, teniendo en cuenta que las situaciones que se presentan son de inminente peligro y vulnerabilidad, en el convencimiento de que establecer mecanismos de articulación institucional fortalece la capacidad de respuesta estatal y de esta manera sumar esfuerzos entre la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, conjuntamente con el Programa PatrocinAR para la articularción en los casos.

Asimismo se comprometieron a una mutua colaboración institucional mediante acciones coordinadas que permitan el intercambio, la promoción, la formación, la difusión y consolidación de actividades conjuntas tendientes al desarrollo de políticas públicas, en el marco de los lineamientos de atención integral previstos en la Ley 27.372.

Momento en el que la doctora María Azul Romero Beery
Directora Nacional de Asistencia a las Víctimas firma el convenio

El Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) dependiente de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene como función la asistencia a las víctimas de delitos “de competencia de la justicia federal en todo el país y, en forma coadyuvante, la asistencia a las víctimas de delitos de competencia de la justicia ordinaria a requerimiento de las jurisdicciones locales o a requerimiento de las propias víctimas a través de la línea nacional y gratuita 149; la adopción de los cursos de acción necesarios para garantizar el patrocinio y representación jurídica de la víctima, dándole intervención al Ministerio Público de la Defensa cuando corresponda”.