En el marco del debate legislativo por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura, el Defensor General de la Provincia, Dr. Martín Diez Villa, expuso ante diputados y senadores sobre los desafíos que el nuevo modelo adversarial implica para la Defensa Pública.
Durante la reunión plenaria de las comisiones de Justicia y de Legislación General, en la que también participaron ministros de la Corte de Justicia y el Procurador General, Pedro García Castiella, el Defensor General destacó que la implementación plena de la oralidad y la presencialidad en todas las etapas del proceso demanda una profunda adecuación institucional.
“El principio de igualdad de armas debe ser real y no meramente declamado. Para que la reforma cumpla con su espíritu garantista es imprescindible fortalecer la estructura y los recursos de la Defensa Pública, de modo que pueda estar presente en todas las audiencias y brindar un servicio eficaz a quienes más lo necesitan”, señaló Diez Villa.
El proyecto de reforma busca consolidar la oralidad, la transparencia y la centralidad del juicio como mecanismo para agilizar las causas penales. Sin embargo, el aumento exponencial de audiencias previstas (desde la etapa preliminar hasta la ejecución de la pena) recae en gran medida sobre la Defensoría, que actualmente cubre más del 70% de esos actos procesales.
En este contexto, el Defensor General subrayó la necesidad de avanzar en medidas concretas, como la puesta en funcionamiento de defensorías creadas por ley aún no operativas, la incorporación de defensores adjuntos y secretarios letrados, y la creación de un Cuerpo de Apoyo a la Defensa que provea asistencia técnica y profesional en áreas clave como psicología, medicina forense, criminología, informática y contabilidad.
La reforma procesal penal tendrá su inicio de aplicación en febrero de 2026 en el Distrito Judicial del Centro, aplicación que deberá ser acompañada con una transición que fortalezca real y sostenidamente a la Defensa Pública.