A raíz de un accidente laboral donde perdió la vida un trabajador de la construcción, su esposa presentó en 2014 en sede laboral una demanda en contra de la empleadora y su A.R.T., procurando resarcimiento civil por los daños sufridos.
La viuda, que para entonces era asistida por abogado particular, había omitido instar en la presentación la declaración de inconstitucionalidad del régimen laboral en materia de accidentes de trabajo, lo que derivó que en 2017 decida acudir a la Defensa Pública para que la represente en el trámite y procurar revertir su débil situación procesal.
Sustanciado todo el proceso, en Diciembre de 2018 se dictó sentencia de primera instancia rechazando la demanda en todas sus partes por lo que la Defensoría Oficial Civil Nº 7 a cargo de el Dr. Gabriel Savino, secretaría letrada de la Dra. María Eugenia Vargas Fernández, apeló el fallo logrando en Julio de 2020 que la Cámara de Apelaciones hiciera lugar al recurso, despachando favorablemente el pedido indemnizatorio, cuyo pago ya se hizo efectivo.
“En lo sustancial, el fallo se hizo eco de dos agravios centrales: El primero, demostrada que se encontraba la relación causal entre el deceso del obrero y la actividad riesgosa que cumplía, correspondía a la demandada empleadora acreditar el cumplimiento de las normas de seguridad y la culpa de la víctima. Y no a la inversa, como erróneamente se resolvió en primera instancia. En segundo lugar, que la falta de planteo inicial de la parte actora, relativa a la inconstitucionalidad del régimen laboral, no exime a los tribunales de su obligación de negarse a aplicar, de oficio, una norma que considera contraria a la Constitución Nacional” sostuvo el Dr. Gabriel Savino.
