La Defensora General de la provincia, María Inés Diez, expuso hoy en el 1er Encuentro Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0 “Una disrupción ineludible”, del que participan mediadores de todo el país y la región. Su panel estuvo integrado por expertas argentinas y un experto mexicano.
Con plena concurrencia, se lleva adelante en Buenos Aires el 1er Encuentro Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0 “Una disrupción ineludible” convocado por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ODR Latinoamérica; el Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro y la Escola de Magistratura do estado do Rio de Janeiro, Brasil; y el Superior Tribunal de Justicia de Tlaxcala y la Universidad de las Américas Puebla, México.
Del mismo participó hoy, como experta convocada, la Defensora General de la provincia, María Inés Diez, quien expuso sobre “Antecedentes de la mediación a distancia en Argentina”.
En ese contexto, recordó la magistrada que “el gobierno del Dr. Juan Manuel Urtubey reglamentó y puso en vigencia en el año 2.008, la Ley N° 7.324; que estableció con carácter obligatorio, la mediación previa a todo proceso que no esté expresamente excluido, delimitando los tres ámbitos de aplicación en: mediación judicial, mediación extrajudicial y mediación comuntaria”.
“En efecto, para la implementación de la mediación comunitaria, el gobernador Urtubey firmó con todos los intendentes municipales convenios de cooperación y acción coordinada para la promoción, fortalecimiento y uso de la mediación en todo el territorio provincial”, dijo Diez.
La actual Defensora General de la provincia señaló que mientras se desempeñó como Ministra de Justicia de Salta y en base a la experiencia obtenida durante los primeros dos años desde la implementación de la mediación, se propuso como meta de gestión avanzar en la aplicación de nuevas herramientas que, por entonces, permitirían acercar a las partes sin el obstáculo de la distancia, “por lo que en ese momento comenzamos con un Plan Piloto de Mediaciones a Distancia a través del cual Salta realizó a través del sistema de videoconferencia la primera mediación a distancia en Argentina, experiencia que luego se replicó en distintos puntos del país”.
“Desde el Ministerio de Justicia de la provincia de Salta como primera jurisdicción del país en llevar adelante experiencias exitosas de mediación a distancia, entendimos como altamente conveniente para el desarrollo de dicha modalidad, la implementación de un acuerdo con ODR Latinoamérica, el cual abarcó tanto los aspectos relacionado con la investigación, asistencia técnica, capacitación y toda otra actividad tendiente al desarrollo y optimización de la teoría y de la práctica en la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para la resolución pacífica de conflictos”, detalló para luego ennumerar que “el éxito obtenido generó la firma de Convenios Institucionales de Colaboración con los diversos organismos públicos que desarrollan programas gratuitos de mediación para personas con escasos recursos que permitió, hasta el día de hoy, la realización de mediaciones con Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz”.
Cómo se aplica el sistema en la Defensoría General de la provincia
Desde 2.014 y hasta la actualidad, Diez se desempeña al frente de la Defensoría General de la provincia y, desde este rol, decidió continuar apostando por esta política pública, razón por la cual el Ministerio Público de la Defensa que conduce posee su propio Centro de Mediación Comunitaria desde el cual se realizan más de 2.000 audiencias anuales.
“Aquí también y por la exitosa experiencia que hemos tenido en estos años, he dispuesto la realización de mediaciones a distancia, pues en la defensa pública, la vulnerabilidad es un factor común en nuestros asistidos y el acercar herramientas que permitan aproximar a las partes en conflicto a una solución que de otra manera no podrían alcanzar, es nuestro objetivo”, afirmó la magistrada.
Por esta razón, desde el organismo judicial que conduce, Diez convocó nuevamente a ODR Latinoamérica para capacitar a defensores oficiales, secretarios letrados y profesionales que trabajan en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa en el uso de las Nuevas Tecnologías Interactivas.
“Esto nos permitió en la praxis diaria, llevar adelante tanto mediaciones a distancia con otras jurisdicciones o cuando una de las partes se encuentra privada de la libertad, como así también instrumentar procesos comunicacionales, independientemente del lugar físico en el que las partes se encuentren como, por ejemplo, la comunicación entre los defensores y las personas privadas de la libertad en instituciones penitenciarias”, explicó Diez.
Sobre futuros desafíos, dijo la magistrada que ya se encuentra trabajando junto a ODR Latinoamérica en la implementación de un Plan Piloto de mediación a distancia para casos de violencia familiar o de género en los cuales se mediaran los conflictos conexos a la violencia y vinculados al derecho de familia.
“La utilización de las herramientas específicas que brinda la mediación conjugada con el uso de las nuevas tecnologías ha posibilitado que las personas que habitan en las localidades más alejadas del interior provincial tengan una respuesta eficaz y eficiente a sus necesidades específicas evitando la judicialización de sus conflictos. Por esta razón, el empoderamiento de los derechos de la población, la simplificación de los procedimientos judiciales, la ampliación del ámbito de actuación de los mecanismos tradicionales y la incorporación de los métodos alternativos de resolución de conflictos, son las líneas directrices que deben orientar la política pública en lo que a acceso a justicia se refiere”, concluyó la Defensora General de Salta.
Diez compartió el panel con las expertas argentinas Raquel Munt (Directora de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y Rosario Sánchez (Subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Especialista en Métodos Adecuados de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos) y con el experto mexicano Héctor Maldonado (Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala).
