La Defensa Pública en la actualidad solo atiende a víctimas de violencia familiar y de género, pues las víctimas de delitos de otro origen hoy no cuentan con la posibilidad de obtener asistencia jurídica de un defensor público.

La Defensa Pública en el marco del artículo 19 de la Constitución Provincial tiene la obligación de garantizar la asistencia letrada a los imputados que así lo requieran o bien que no hayan designado un defensor particular.

*Por ello la iniciativa legislativa de crear Defensorías Oficiales para Víctimas es loable en cuanto garantiza el pleno ejercicio de acceso a Justicia. Es mi mayor anhelo que la defensa pública se encuentre legalmente habilitada para poder ejercer la defensa de la víctima*, señaló al respecto la defensora general de la provincia, María Inés Diez.