CONSEJO FEDERAL DE DEFENSORES Y ASESORES GENERALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

5 / 12 / 2019

Hacinamiento en la Alcaidía: La Defensora General de Salta presentó habeas corpus por situación de detenidos y privados


El documento fue compartido por la magistrada, María Inés Diez, en la reunión del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina en donde, entre otros temas, se analizó la problemática de hacinamiento en centros de detención de todo el país y la utilización de tobilleras electrónicas como medida sustitutiva.


La Defensora General de la provincia, María Inés Diez, participó de la reunión del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. El encuentro se realizó en Buenos Aires y sirvió para analizar la problemática de hacinamiento en centros de detención de todo el país. También estuvo presente la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad.


Sobre la situación en Salta, Diez compartió un hábeas corpus colectivo y correctivo presentado oportunamente por la Defensa en el que se solicita el “cese del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de todas las personas alojadas en la Alcaidía General de la provincia N° 1”.


En el documento se advierte que los alojados allí, privados de su libertad, “se encuentran hacinados, en un ambiente insalubre, sin elementos adecuados para descansar y abrigarse, con mala alimentación y escasa atención médica; lo que afecta su integridad psico-física, su dignidad y su seguridad, tanto como la del personal penitenciario”.


Según relató Diez sobre lo debatido en el encuentro, “la situación de hacinamiento en centros de detención es de alcance nacional”.


“En todas las provincias la situación se repite, de modo tal que intercambiamos pareceres al respecto de la utilización de tobilleras electrónicas como dispositivo de seguridad frente a la posibilidad de otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria que presenta, por supuesto, otras complicaciones; siendo la principal la obligatoriedad de que algún familiar disponga de espacio para alojar a quien se encuentra en conflicto con la Ley penal para poder así viabilizar esta metodología”, dijo la magistrada.


Diez anticipó que a su regreso a Salta compartirá con el equipo de Coordinación del Área Penal “antecedentes que otras provincias instrumentaron en casos de violencia institucional por ser este un asunto recurrente y que se refleja en el trabajo diario que la Defensa Pública lleva adelante en todo el país”.


Sobre el Órgano de Revisión de Salud Mental en las provincias


Del encuentro participó también la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, quien se refirió a la implementación del Órgano de Revisión de Salud Mental.


Lapad expuso que en Salta se trabajó para la elaboración de un proyecto de Ley, en el marco de una comisión integrada por representantes de distintas áreas involucradas en el tema, como el Ministerio de Salud, Derechos Humanos y asociaciones de profesionales.


El Órgano de Revisión de Salud Mental tendrá la función de monitorear periódicamente la inserción social de personas y las condiciones de internación por razones de salud mental, evaluar que toda internación involuntaria se encuentre debidamente justificada y requerir información y/o documentación a las instituciones de internación, que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos.